La economía sumergida, otra vez a escena

15-Mayo-2021.- España es un país que, por definición, siempre ha estado a este tipo de práctica fraudulenta. La vivacidad, pillería o picaresca del país siempre ha sido motivo de “orgullo” o, al menos, de un “orgullo” mal entendido. Porque la realidad es otra, ya que este tipo de actividades parecen muy instauradas en nuestra sociedad, que piensa que, salvando su propio beneficio, no perjudica a nadie más.

 Sin embargo, la situación no puede estar más desencaminada. La economía sumergida le cuesta a España 180.000 millones de euros al año, un 17% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional. Tan solo con igualarse a países cercanos como Alemania, el país podría recaudar entre 18.000 y 20.000 millones de euros más cada año. 

Actualmente, el comercio y la hostelería son los dos principales focos de la economía sumergida del país y, más concretamente, las comunidades de Cataluña, Madrid Andalucía y Comunidad Valenciana son las punteras en este ranking. Los Técnicos de Hacienda (Gestha) estiman que si aflora el empleo sumergido se recaudarían 13.000 millones más al año, además de reconocer los derechos a un millón de trabajadores de las regiones citadas anteriormente. 

La economía sumergida lleva numerosos problemas de la mano; rebaja o eliminación de las tasas de pago del oficio; su origen ilegal; el blanqueo de dinero; paraísos fiscales; uso de testaferros; creación de negocios inexistentes; utilización de seguros; contrabando de arte, de piezas de museo… entre otras muchas cosas. Pero lo realmente preocupante es la actitud de la sociedad española ante esta práctica fraudulenta. La pregunta: ¿con IVA o sin IVA? Se ha convertido en la pieza angular de muchos oficios y trabajos. Ante ella, debemos educar a los más jóvenes sin ningún tipo de distinción. El país debe conseguir el cambio de mentalidad ante el fraude fiscal, para proyectar nuevas generaciones que valoren realmente los beneficios de pagar impuestos, de tener una seguridad social, de competir de forma íntegra ante otras empresas… 

Asimismo, será imprescindible, para conseguir estos objetivos, la colaboración entre administraciones, donde cada autonomía posee una agencia tributaria para trabajar con la AEAT. Las reformas en materia fiscal son claves para prevenir y luchar contra el fraude fiscal, reforzando las medidas contra la economía sumergida. Y, por último, la mejora fundamental de la gestión: el tiempo invertido en expedientes y litigios tiene que reducirse lo máximo posible ya que, con un modelo más rápido, se multiplicaría la eficiencia, incidiendo en el control y la eliminación de más casos y provocando que la economía sumergida, termine su escena. 

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Juan Carlos De Margarida

Decano – presidente Colegio Economistas Valladolid, Palencia y Zamora.